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Venezolanos interponen pretensión de amparo constitucional contra la decisión del Consejo Nacional Electoral del 9 de marzo de 2013

 

 CIUDADANA

PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CARACAS, SEDE DEL PODER JUDICIAL Y DEL MÁXIMO TRIBUNAL

SU DESPACHO.-

 

Nosotros, Juan Meneses, Miguel Antonio Feijoo Fernández y Juan José Cañas, Nestor Noguera, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad N°s 25.203.981, 22.540.602, 23.691.369 y 24.278.225, respectivamente, en nuestro carácter de ciudadanos venezolanos, asistidos en este acto por los abogados José Vicente Haro, Angela Santoro Nifosi y Liz Karette Rojas Guevara, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad N°s 13.066.473, 10.781.377 y 12.685.575, inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°s 64.815, 57.004 y 138.563, acudimos por ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer pretensión de amparo constitucional contra la decisión del Consejo Nacional Electoral del 9 de marzo de 2013, anunciada por los medios de comunicación (constituyendo por lo tanto un hecho público y comunicacional), de acuerdo a la cual: para las venideras elecciones presidenciales convocadas para el 14 de abril de 2013 se empleará el “Registro Electoral Permanente” usado para las pasadas elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, violentando así nuestro derecho a la participación política y al sufragio, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 62 y 63 respectivamente, por cuanto nosotros nos inscribimos en el Registro Electoral con posterioridad al corte del Registro que se empleará para las referidas elecciones presidenciales del 14 de abril, con lo cual el Poder Electoral, en inobservancia del principio de progresividad contemplado en el artículo 19 constitucional, menoscaba nuestros derechos a la participación política y al sufragio.

 

CAPÍTULO I

DE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

VIOLATORIA DE NUESTROS DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y

AL SUFRAGIO

Constituye un hecho público, notorio y comunicacional que, mediante declaración de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ciudadana TIBISAY LUCENA, del 9 de marzo de 2013, se anunció que la directiva del organismo aprobó en sesión extraordinaria que, para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 14 de abril de 2013 se tomará como base de electores habilitados para sufragar la que recoge el “Registro Electoral Permanente” usado para las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, cuyo corte tuvo lugar el 15 de abril de 2012, violentando así el derecho al sufragio de todos los ciudadanos que se inscribieron en el Registro Electoral entre el 15 de abril de 2012 y el 15 de febrero de 2013.

La información anunciada aparece reseñada en el portal web del Consejo Nacional Electoral en los siguientes términos:

“Tal como lo informara la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, durante la convocatoria oficial a la Elección Presidencial del próximo 14 de abril, el padrón electoral está compuesto por 18.903.143 venezolanos y venezolanas inscritos en el Registro Electoral, de los cuales 100.495 podrán ejercer su derecho al sufragio en las embajadas y consulados del país, ubicados en 88 países del mundo.

Este padrón electoral es el mismo que se utilizó en la Elección Presidencial del 07 de octubre pasado. De acuerdo con los números de este corte del RE, los estados con mayor población electoral son Zulia con 2.334.529 electores y electoras (12.47%); Miranda, con 1.950.657 votantes, que equivale a 10,40%, y Carabobo, que cuenta con 1.516.240 para 8.01% de la población electoral." (Consejo Nacional Electoral, “Elección presidencial de abril se realizará con el padrón electoral del 7-O”, WWW.CNE.GOV.VE..http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3120) (Negrillas nuestras).

La decisión anunciada públicamente menoscaba en nuestro perjuicio los derechos a la participación política y al sufragio, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, de conformidad con el artículo 64 constitucional “son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.” No obstante, el Consejo Nacional Electoral condicionó el ejercicio de los derechos amenazados en nuestro perjuicio a una habilitación dependiente del arbitrio del organismo en relación a la fecha de corte del Registro Electoral, tal como expondremos en el presente libelo.

 

CAPÍTULO II

DE LA LEGITIMACIÓN

Establece el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que:

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

El artículo 63 constitucional establece por otra parte que:

El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La Ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Finalmente citamos el artículo 64 de la Constitución, al cual ya hicimos referencia en el capítulo pasado, el cual prevé en su encabezado:

Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.”

De esta manera, por cuanto nosotros somos venezolanos que hemos cumplido los dieciocho años de edad, no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política, tenemos derecho a ser electores en los términos del artículo 64 de la Constitución, para ejercer los derechos a participar en los asuntos públicos y al sufragio. Sin embargo, por habernos inscrito ante la Oficina Nacional de Registro Electoral con posterioridad al 15 de abril de 2012, de acuerdo a la decisión anunciada el 9 de marzo de 2013 por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, no podremos votar en las elecciones del 14 de abril de 2013, menoscabándose así en nuestro perjuicio los derechos señalados anteriormente.

En atención a lo expuesto acudimos por ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para exigir la tutela de los derechos amenazados mediante amparo constitucional, y se enerve así el menoscabo potencial de nuestros derechos a la participación política y al sufragio, para lo cual requerimos sea tramitada la presente demanda con preferencia a cualquier otro asunto conforme el primer aparte del artículo 27 de la Constitución, toda vez que falta menos de un mes para que se celebren las elecciones presidenciales, en las cuales tenemos derecho a votar de acuerdo a la Constitución. 4

 

Con apoyo en los argumentos expuestos fundamos nuestro interés actual en la pretensión contenida en el presente libelo, ostentando la legitimación necesaria para ser parte en el presente juicio.

 

 

CAPÍTULO III

DE LA INEXISTENCIA DE SUPUESTOS DE INADMISIBILIDAD

El presente libelo cumple con los requisitos de admisibilidad de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por cuanto:

1. No existen documentos indispensables que se requieran consignar con el presente libelo en tanto ningún acto se ha publicado en la Gaceta Oficial ni en la Electoral, siendo que la decisión que amenaza nuestros derechos fue dada a conocer a través de los medios de comunicación, por cual constituye un hecho público y comunicacional, no siendo por lo tanto aplicable el requisito de admisibilidad establecido en el único aparte del artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

2. No se acumulan pretensiones, siendo que sólo se demanda el amparo constitucional contra la decisión anunciada por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo de 2013, por lo que no es inadmisible de conformidad con el numeral 1 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Como indicamos en el punto 1, no existen documentos indispensables que se requieran consignar con el presente libelo en tanto ningún acto se ha publicado en la Gaceta Oficial ni en la Electoral, siendo que la decisión que amenaza nuestros derechos fue dada a conocer a través de los medios de comunicación, por cual constituye un hecho público y comunicacional, por lo cual la demanda no es inadmisible de conformidad con el numeral 2 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

4. La demanda no es inadmisible de conformidad con el numeral 3 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por cuanto, según expusimos en el capítulo anterior, tenemos interés actual, en nuestra condición de ciudadanos venezolanos, en el resultado de la pretensión, detentando por tanto de legitimación para ser parte en el presente proceso.

5. Esta Sala Constitucional no ha juzgado ninguna pretensión de amparo contrala decisión denunciada por nosotros como violatoria de nuestros derechos fundamentales, no habiendo por lo tanto cosa juzgada. Asimismo es cierto que actualmente no existe

5

 

 

ninguna otra pretensión de la cual pudiere haber litispendencia respecto a la por nosotros demandada. Por tales razones la demanda no es inadmisible de conformidad con el numeral 4 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

6. En el libelo no se emplean adjetivos irrespetuosos ni ofensivos, por lo cual la demanda no es inadmisible de conformidad con el numeral 5 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

7. La decisión que amenaza la efectividad de los derechos a la participación política y al sufragio en los términos expuestos fue tomada por el Consejo Nacional Electoral en sesión extraordinaria, anunciada por los medios de comunicación el 9 de marzo de 2013, motivo por el cual el organismo demandado es el Consejo Nacional Electoral, por lo cual no es inadmisible la demanda de conformidad con el numeral 6 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Pedimos expresamente a la Sala juzgue tempestivamente sobre la admisibilidad de la pretensión de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atendiendo al principio de pro actione, tutelando con preferencia el derecho fundamental de acción a la jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en su propia doctrina.

Respecto a los denominados requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señalamos:

1. No ha cesado la amenaza, siendo que la potencial violación de los derechos cuya tutela demandamos se materializará el 14 de abril de 2013, por lo cual se requiere se atienda la presente demanda con carácter de urgencia. Así las cosas no es inadmisible la demanda de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

2. La amenaza contra los derechos constitucionales existe por cuanto el Consejo Nacional Electoral decidió, arbitrariamente, usar el Registro Electoral Definitivo cuyo corte se hizo el 15 de abril de 2012, en lugar de utilizar el Registro Electoral del 15 de febrero de 2013, registro éste último en el cual sí estamos inscritos, por lo cual podríamos ejercer nuestro derecho a la participación política y al sufragio en las próximas elecciones presidenciales si, como correspondía de acuerdo a la Constitución y a las leyes en materia electoral, se hubiese tomado dicho Registro Electoral como base para determinar los electores habilitados para participar en las elecciones del 14 de abril de 2013, por lo cual sí es el Consejo Nacional Electoral el agraviante, no siendo por tanto inadmisible la pretensión de conformidad con el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.


3. La amenaza latente de la violación a los derechos a la participación política y al sufragio en nuestro perjuicio se materializarían con la celebración de las elecciones el 14 de abril de 2013, por lo cual no existe una situación irreparable en los términos del numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.


4. No han transcurrido más de seis meses desde el anuncio de la decisión, ni en todo caso, existen signos que muestren hubiésemos consentido la amenaza de violación, no siendo por la tanto inadmisible de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

5. No hemos recurrido a otras vías judiciales por cuanto el proceso contencioso electoral regulado en el capítulo V del Título XI de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es inidóneo para resolver satisfactoria y tempestivamente la pretensión de tutela de los derechos amenazados de violación constitucional.

 

Para garantizar el derecho a la participación política y al sufragio, amenazados de violación por el Consejo Nacional Electoral, es necesario que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia definitivamente firme, ordene al referido organismo electoral a usar el Registro Electoral Definitivo con corte al 15 de febrero de 2013. Una decisión cautelar lo único que podría ordenar es a que se inicie, inmediatamente, el procedimiento establecido en el capítulo III del Título III de la Ley de Procesos Electorales a los efectos de constituir un Registro Electoral Definitivo más actualizado y que garantice el ejercicio del derecho al sufragio a una mayor cantidad de ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, sólo mediante decisión definitivamente firme podría ordenarse al Consejo Nacional Electoral al uso del más actualizado Registro Electoral Definitivo, por cuanto de hacerlo una decisión cautelar se estaría prejuzgando sobre el fondo y se tornaría irreversible, porque la decision definitiva, de acuerdo al diseño de la Ley, tendría lugar en una fecha posterior al 14 de abril de 2013.

En virtud de lo expuesto no es inadmisible la pretensión de amparo interpuesta porque el procedimiento contencioso electoral es inidóneo para el juzgamiento pertinente de la pretensión y su efectiva tutela jurisdiccional.

 

6. La decisión contra la cual se pretende tutela de amparo constitucional no es contra una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual no es inadmisible de conformidad con el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

7. No existe suspensión de garantías constitucionales y en todo caso el numeral 7 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales está derogado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

8. No existe ningún otro expediente en el que curse una decisión sobre los mismos hechos y, respecto al cual pudiera en todo caso ser acumulado el que se forme a partir de la presentación del presente libelo, no siendo por lo tanto inadmisible de conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En virtud de lo expuesto pedimos se admita la pretensión de forma inmediata, para que se tutelen nuestros derechos a la participación política y al sufragio, para lo cual es necesaria una decisión definitivamente firme en un tiempo brevísimo.

 

CAPÍTULO IV

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA

PRETENSIÓN DE AMPARO INTERPUESTA

El Consejo Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada presuntamente el 9 de marzo, según se desprende de las noticias recogidas en los diversos medios de comunicación audiovisual y escrita, aprobó la convocatoria a elecciones presidenciales para el 14 de abril de 2013, anunciándose que para dichas elecciones se tomaría como base de electores el “Registro Electoral Permanente” (Rectius: definitivo) usado para las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, cuyo corte tuvo lugar el 15 de abril de 2012.

De acuerdo al artículo 64 constitucional “son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.” De la lectura de la disposición constitucional parcialmente citada se desprende que el constituyente no sujetó el derecho al sufragio establecido en el artículo 63 de la Constitución, respecto a los venezolanos, a condición alguna, pues, de haberlo querido, habría señalado en el encabezado del artículo 64 constitucional respecto a los electores venezolanos (mayores de dieciocho no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política) condiciones necesarias para la habilitación del derecho al sufragio, como sí lo hizo en el mismo artículo, en su único aparte, respecto a los extranjeros.

Aclaramos de forma expresa que, el objeto de la pretensión interpuesta no es la nulidad de las disposiciones que condicionan el ejercicio al sufragio al Registro Electoral Definitivo, siendo que el objeto de la pretensión contenida en el presente libelo es el amparo constitucional de los derechos a la participación política y al sufragio frente a la amenaza de violación por la arbitraria determinación del Consejo Nacional Electoral en tomar como bases de datos de electores el Registro Electoral Definitivo cuyo corte tuvo lugar el 15 de abril de 2012, aun cuando el Consejo Nacional Electoral había publicado ya un Registro Electoral Preliminar con ocasión a las elecciones locales que se celebrarían el 14 de julio de 2013, registro éste que aún está a tiempo de cumplir con todos los requerimientos de Ley para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el derecho al sufragio de todos los nuevos electores que se inscribieron con posterioridad al 15 de abril de 2012.

Sin embargo, es lo cierto que lo referido en relación al no condicionamiento por parte de la Constitución a requerimiento alguno para el ejercicio del derecho del sufragio implica que, frente a dos alternativas posibles debe preferirse aquella que permita a un mayor número de ciudadanos el efectivo ejercicio del derecho al voto el 14 de abril de 2013 de conformidad con los principios de universalidad y progresividad de los derechos fundamentales.

El Consejo Nacional Electoral debió, en aras de garantizar el derecho a la participación política y al sufragio: “facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica” según lo que prevé el último enunciado del aparte único del artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Atendiendo a las enseñanzas del maestro GREGORIO PECES-BARBA una garantía específica de los derechos fundamentales es el de la interpretación de las disposiciones que los prevén se haga para favorecer su goce y disfrute (PECES-BARBA, GREGORIO, 1999).

 

Así, haciendo una interpretación desde los derechos en sentido positivo se colige que el derecho al sufragio de los electores no está sujeto a condición alguna. Por otra parte, haciendo una interpretación desde los derechos en sentido negativo ninguna de las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que regulan la institución del Registro Electoral (que no está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) puede interpretarse de forma tal que abone en criterio de la adopción del Registro Electoral Definitivo, cuyo corte tuvo lugar el 15 de abril de 2012, en desmérito del Registro cuyo corte tuvo lugar el 15 de febrero de 2013, por cuanto violentaría el núcleo esencial de nuestro derecho a la participación política y al sufragio al impedírsenos votar en la venideras elecciones del 14 de abril de 2013.

El derecho a la participación política y al sufragio son derechos fundamentales, los cuales son, de acuerdo a las palabras de LUIGI FERRAJOLI: “indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles, personalísimos.” (FERRAJOLI, LUIGI, 2001).

En este orden de ideas señala el referido autor que:

Resulta, así, convalidada nuestra noción formal de derecho fundamental: la vida, la libertad personal o el derecho al voto son derechos fundamentales no tanto porque corresponden a valores o intereses vitales, sino porque son universales e indisponibles. Es algo tan cierto que allí donde estuviera permitida su disposición – por ejemplo, admitiendo la esclavitud, o de cualquier modo de alienación de la vida, del voto – éstos resultarían también (degradados a) derechos patrimoniales. Por ello, con aparente paradoja, los derechos fundamentales son un límite no sólo a los poderes públicos sino también a la autonomía de sus titulares: ni siquiera voluntariamente se puede alienar la propia vida o la propia libertad. Pero se trata de un límite, paternalista si se quiere, lógicamente insuperable. En efecto, la paradoja se produciría cuando faltando ese límite los derechos fundamentales fueran alienables. Pues, en tal caso, también la libertad de alienar la propia libertad de alienar sería alienable, con un doble resultado: que todos los derechos fundamentales cesarían de ser universales, es decir, concernientes a todos en igual forma y medida; y que la libertad de alienar todos los propios derechos – del derecho a la vida a los derechos civiles y políticos – comportaría el triunfo de la ley del más fuerte, el fin de todas las libertades y del mercado mismo y, en último análisis, la negación del derecho y la regresión al estado de la naturaleza.” (FERRAJOLI, LUIGI, 2001).

En virtud del carácter indisponible, inalienable, inviolable, intransigible y personalísimo de los derechos fundamentales mal podía el Consejo Nacional Electoral elegir, como base datos de electores, el Registro Electoral Definitivo cuyo corte tuvo lugar el 15 de abril de 2012, por cuanto violenta el derecho al voto de quienes nos inscribimos en el Registro con posterioridad a la referida fecha, razón por la cual estamos habilitados para votar de con base en la interpretación conforme a la Constitución de lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Procesos Electorales, el cual establece en su encabezado:

Todos los venezolanos y todas las venezolanas debidamente inscritos e inscritas en el Registro Electoral podrán ejercer el derecho al sufragio siempre y cuando no estén sujetos a inhabilitación política, interdicción civil o que su cédula de identidad haya sido declarada inhabilitada, insubsistente o nula por el órgano competente en materia de identificación.”

La decisión anunciada por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral del 9 de marzo de 2013 constituye una “disposición” por parte del referido organismo de los derechos fundamentales a la participación política y al sufragio en nuestro perjuicio, enervándonos nuestra condición de electores, habiéndose actuado así, además, contrariamente al principio de progresividad de los derechos humanos conforme lo ordena la Constitución en su artículo 19.

Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado respecto al principio de progresividad lo siguiente:

“… la progresividad hace alusión al adjetivo progresivo que traduce dos acepciones: ‘que avanza, favorece el avance o lo procura’ o ‘que progresa o aumenta en cantidad o perfección’ (Diccionario de la Real Academia Española). Estas nociones permiten aproximar a los derechos de los trabajadores como intangibles en cuanto y en tanto no se alteren o modifiquen luego de haberse legítimamente establecidos, mientras que su progresividad se refleja únicamente en el aspecto que los mismos deben favorecerse para su avance, es decir, mejorarse tanto cualitativa como cuantitativamente.” (Sala Constitucional, sentencia N° 1185, 17 de junio de 2004).

Igualmente ha señalado esta Sala respecto al principio comentado que:

“El artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el deber del Estado de garantizar “a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

Como se aprecia, el propio texto constitucional reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, según el cual, el Estado se encuentra en el deber de garantizar a toda persona natural o jurídica, sin discriminación de ninguna especie, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de tales derechos.

Dicho principio se concreta en el desarrollo consecutivo de la esencia de los derechos fundamentales, en tres aspectos fundamentales: ampliación de su número, desarrollo de su contenido y fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su protección. En este contexto surge la necesidad de que la creación, interpretación y aplicación de las diversas normas que componen el ordenamiento jurídico, se realice respetando el contenido de los derechos fundamentales.” (Sala Constitucional, sentencia N° 1709, 7 de agosto de 2008).

En ese sentido, con la decisión anunciada por el Consejo Nacional Electoral, a la cual ya hemos hecho alusión tantas veces, se violenta el principio de progresividad porque, en lugar de garantizar el poder electoral un mejoramiento cuantitativo de los ciudadanos con derecho efectivo al voto restringió dicho derecho a todos aquellos que se hubieren inscrito en el Registro con posterioridad al 15 de abril de 2012, lo cual es nuestro caso.

De acuerdo al Capítulo III del Título III de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Registro Electoral Definitivo es el Registro Electoral Preliminar depurado y actualizado (ex artículo 40 de la LOPE).

Con referencia a lo anterior, de acuerdo al artículo 35 de la señalada Ley, “… el Consejo Nacional Electoral tomará como Registro Electoral Preliminar, el corte de la data arrojada por el Registro Electoral publicado dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria del proceso.” (Negrillas nuestras).

Luego señala la Ley en su artículo 36 que, dentro de los quince días siguientes a su publicación cualquier elector que haya sido excluido podrá interponer una solicitud de incorporación.

Por su parte, el artículo 37 de la Ley establece que el Registro Preliminar podrá ser impugnado ante la Comisión de Registro Civil y Electoral dentro de los quince días siguientes a su publicación, lapso que trascurre en paralelo y no sujeto a la preclusividad del lapso previsto en el artículo 36 ya indicado.

El último aparte del artículo 38 de la Ley establece que la Comisión de Registro Civil y Electoral procederá a verificar su admisibilidad dentro de los cinco días hábiles siguientes, siendo que en razón de la proximidad de las elecciones y los principios de celeridad y transparencia recogidos en la propia Ley y en la Constitución impondrían en virtud de la racionalidad su admisión el primer día hábil siguiente, en cuyo acto emitirá el acto correspondiente.

Establece finalmente el artículo 39 que dentro de los cinco días hábiles siguientes al auto de admisión los interesados podrán presentar pruebas y, vencido dicho lapso, la Comisión presentará dentro de los quince días hábiles el informe correspondiente que resolverá a su vez dentro de los quince días hábiles siguientes.

Así las cosas, tal como ya señalamos, en resguardo de nuestros derechos a la participación política y al sufragio que son fundamentales tanto formal como materialmente, atendiendo a los principios de celeridad y eficacia, no pudiendo por lo tanto sacrificarse por formalidades no esenciales, se justifica una aceleración del procedimiento con el fin de que se garanticen nuestros derechos.

De acuerdo a las disposiciones comentadas, en un máximo veinticuatro días consecutivos, podría contarse con un Registro Electoral Definitivo, no violatorio de nuestros derechos constitucionales y, más progresivo en términos cuantitativos (mayor número de electores habilitados para participar en las elecciones del 14 de abril de 2013).

Publicándose el corte del Registro Electoral Preliminar el primer día siguiente al de una decisión cautelar dictada por esta Sala en ese sentido, respetándose los quince días que tienen los electores y los interesados en impugnar el Registro de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (en cuenta de la situación los días hábiles son consecutivos por cuanto el Consejo Nacional Electoral se declaró en sesión permanente), admitiéndose la impugnación el primer día hábil siguiente, garantizándose los 5 días hábiles de promoción de pruebas, presentándose por parte de la Comisión el informe respectivo el día hábil siguiente y, decidiendo el Consejo Nacional lo conducente también el día hábil siguiente, de lo cual deducimos que: es perfectamente posible obtener el nuevo Registro Electoral Definitivo antes de la celebración de las Elecciones.

Debe además abonarse a favor de la tesis por nosotros sostenida que, el Registro Electoral Preliminar correspondiente al corte del 15 de febrero de 2013 ya había sido publicado por el Consejo Nacional Electoral.

Así, en el propio portal del Poder Electoral se lee una noticia con fecha del 1 de marzo de 2013, en donde refiere:

“Tal como estaba pautado en el cronograma para las municipales, el Consejo Nacional Electoral aprobó, en su sesión de este jueves, el Registro Electoral preliminar que alcanzó un total de 19.240.920 electores y electoras, de los cuales 19.139.938 están habilitados para sufragar el 14 de julio, dado que los venezolanos y las venezolanas radicados en el exterior no eligen autoridades locales.

Del total de la población electoral, 19.022.785 son venezolanos y venezolanas, incluyendo a los que viven fuera de nuestras fronteras, y 218.135 son extranjeros y extranjeras con más de 10 años de residencia legal en el país y que tienen el derecho constitucional de votar en elecciones municipales.

El padrón de votantes preliminar arrojó un total de 103.986 nuevos inscritos, 91.782 que se incorporaron al RE en este año y que corresponden al corte del 15 de febrero, y 12.204 nuevos electores y nuevas electoras que se inscribieron en el Registro Electoral durante el año pasado luego del corte que se utilizó para los comicios presidencial y regionales, efectuado el pasado 15 de abril.

Una vez aprobado, el padrón de votantes preliminar está publicado en el sitio oficial del CNE en Internet www.cne.gob, a los efectos de iniciar el lapso para la presentación de impugnaciones y reclamos en lo que se ha denominado la auditoría ciudadana, que transcurrirá desde este viernes 1° de marzo y hasta viernes 15 del mismo mes.

También está pautado que los técnicos del CNE y los representantes de las organizaciones con fines políticos realicen la auditoría del padrón preliminar el próximo 11 de marzo, y la publicación del Registro Electoral definitivo, con el cual se efectuará los comicios en los que se elegirán alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas del país, será el 20 de abril.” (Consejo Nacional Electoral, “19.139.938 electores están habilitados para votar el 14 de julio”, WWW.CNE.GOV.VE, http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3109).

Conforme a la información suministrada por el propio Consejo Nacional Electoral perfectamente puede garantizarse nuestro derecho a la participación política y al sufragio ordenándose se continúe con el procedimiento contenido en el Capítulo III del Título III de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, obviándose los lapsos y trámites ya transcurridos, y exhortándose al dictamen de los actos que corresponden al organismo y órganos subalternos dentro del primer día hábil siguiente a la preclusión de los lapsos legales. De esta forma habría más que tiempo suficiente para la depuración y actualización del Registro Electoral Preliminar, garantizándose así nuestro derecho a la participación política y al sufragio.

Desde el 1 de marzo, al menos, el Consejo Nacional Electoral publicó la Registro Electoral Preliminar correspondiente al corte del 15 de febrero de 2013, pudiendo haberse terminado el proceso de depuración y actualización holgadamente; si esta Sala Constitucional, tal como lo ha hecho en otros casos dicta la respectiva decisión cautelar en un término breve y de fondo, en cuestión de pocas horas o días, podrá garantizarse nuestro derecho a la participación política y al sufragio (sentencia N° 66 de 2012, caso Rafael Antonio Velásquez Becerra, sentencia N° 141 de 2013, caso Otoniel Pautt Andrade).

 

De conformidad con lo expuesto, demandamos la tutela de nuestros derechos a la participación política y al sufragio, mediante mandamiento de amparo constitucional, a los efectos de que cese inmediatamente la amenaza descrita y que deriva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de usar el Registro Electoral Definitivo cuyo corte es del 15 de abril de 2012, en vez de emplear eñ que tuvo corte el 15 de febrero de 2013.

 

CAPÍTULO V

DE LA MEDIDA CAUTELAR

Claramente hemos sostenido en este escrito, la amenaza que representa para nuestros derechos constitucionales el anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre el Registro Electoral Definitivo que se usará de base para las venideras elecciones del 14 de abril de 2013.

Pedimos de esta Sala, en virtud de las violaciones constitucionales denunciadas, se ordene al Consejo Nacional Electoral la sustanciación expedita del procedimiento para la obtención de un Registro Electoral Definitivo más progresivo y cónsono con nuestros derechos.

Tal como expusimos en el capítulo correspondiente a los fundamentos de la pretensión, pedimos se exhorte mediante decisión cautelar al Consejo Nacional Electoral a que: continúe con la depuración y actualización del Registro Electoral Preliminar que venía realizando para el proceso del 14 de julio de 2013, cuyo corte era el 15 de febrero de 2013, obviando los trámites y lapsos ya resueltos o transcurridos, y exigiéndose celeridad y la habilitación de todo el tiempo necesario para que se culmine el proceso antes del 14 de abril de 2013.

Consideramos procedente la petición cautelar hecha porque, a pesar del principio de la presunción de legitimidad de la ley, con DE OTTO podemos decir que: “El principio de presunción de legitimidad de la ley se niega a veces para el caso de que estén en juego los derechos fundamentales, y ello en virtud del ‘mayor valor’ que les corresponde en el ordenamiento jurídico constitucional.” (OTTO, IGNACIO, 2001).

Cabe agregar que esta Sala ha sostenido que no hay necesidad de acreditar el peligro del daño como extremo para decretar cautelares en materia de amparo porque, la sola posibilidad cierta de que derechos constitucionales se afecten, hace presumir la imposibilidad de reparación del daño.

 

Haciendo nuevamente uso de las palabras del maestro LUIGI FERRAJOLI señalamos que:

El paradigma de la democracia constitucional no es otro que la sujeción del derecho al derecho generada por esa disoación entre vigencia y validez, entre mera legalidad y estricta legalidad, entre forma y sustancia, entre legitimación formal y legitimación sustancial o, si se quiere, entre la weberiana ‘racionalidad formal’ y ‘racionalidad material’. En virtud del reconocimiento de esta disoación se desvanece la que Letizia Gianformaggio ha llamado ‘presunción de regularidad de los actos realizados por el poder’ en los ordenamientos positivos, tanto más si son políticamente democráticos, ya que el principio formal de la democracia política, relativo a quien decide y al como decide – en otras palabras, el principio de la soberanía popular y la regla de la mayoría – se subordina a los principios sustanciales expresados por los derechos fundamentales y relativos a lo que no es lícito decidir y a lo que no es lícito dejar de decidir.” (Ferrajoli, Luigi, 2001).

Conforme los argumentos expuestos, atendiendo a que existe un hecho verificado en cuanto es público, notorio y comunicacional, y siendo que afecta los derechos a la participación política y al sufragio en nuestro perjuicio, en los términos expuestos, consideramos se encuentran presentes los requisitos de presunción de buen derecho y el peligro de daño.

Queremos además señalar que, aun cuando fuere declarada sin lugar la pretensión de amparo, la medida cautelar decretada no tendría ningún efecto perjudicial sobre el interés general por cuanto el Registro Electoral Definitivo que decidió el Consejo Nacional Electoral usar para las elecciones del 14 de abril es el mismo usado para las elecciones presidenciales del 7 de octubre y regionales del 16 de diciembre de 2012, siendo inmodificable según el artículo 32 del Reglamento General de la Ley Orgánica de procesos Electorales. Es decir, bastaría con publicar nuevamente en el portal del Poder Electoral el Registro Electoral Definitivo correspondiente al corte del 15 de abril de 2012 tan pronto se declarase improcedente el amparo para que la situación esté en el mismo estado en el que estaba antes de la decisión cautelar.

De conformidad con lo expuesto solicitamos se dicte sentencia cautelar en los términos expresados de conformidad con los amplios poderes cautelares que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le otorga en su artículo 130.

 

CAPÍTULO VI

PETITORIO

De conformidad con los argumentos expuestos acudimos por ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer pretensión de amparo constitucional para la tutela de nuestros derechos a la participación política y al sufragio, establecidos en los artículos 63 y 64 de la Constitución respectivamente, que:

1. Se ordene al Consejo Nacional Electoral, como medida cautelar, sustanciar el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que el Registro Electoral Preliminar de corte hasta el 15 de febrero de 2013, cuyo proceso de depuración y actualización ya había iniciado, se reinicie en el mismo estado en el que se encontraba, de forma tal que, el Registro Electoral Definitivo a usar en las elecciones del venidero 14 de abril de 2013 sea éste y no el utlizado para las elecciones del 7 de octubre de 2012.

2. Se ordene al Consejo Nacional Electoral a insertar en su cronograma electoral la publicación inmediata del Registro Electoral Preliminar cuyo corte corresponde al 15 de febrero de 2013, de forma tal que todos los interesados tengan inmediato acceso al mismo a través del portal web de ese organismo electoral, como de hecho lo tuvieron hasta que se hizo la convocatoria de la elección presidencial a celebrarse el 14 de abril de 2013.

3. Que para el resguardo de nuestros derechos constitucionales y el respeto al principio de progresividad de los derechos se use para las elecciones del 14 de abril de 2013 el Registro Electoral Definitivo con corte para el 15 de febrero de 2013.

4. En todo caso, pedimos que, independientemente de la decisión definitiva que adopte esta Sala sobre cuál será el Registro Electoral Definitivo que se utilizará para las elecciones del 14 de abril de 2013, se nos garantice a título personal, a todo evento, nuestro derecho al voto mediante mandamiento de amparo constitucional que nos habilite a votar en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

A los efectos de cumplir con las formalidades legales, señalamos como domicilio procesal la siguiente dirección: Torre Orinoco, piso 1, oficina 1-A, Avenida Veracruz con calle Orinoco. Las Mercedes. Caracas.

Es justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a los diecinueve días del mes de marzo de 2013. 

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